El impacto de las olas de calor en la salud pública se agrava significativamente por factores socioeconómicos, demográficos y habitacionales, según la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC). Este fenómeno climático, que ha causado más de 1.500 fallecimientos este verano en la península Ibérica, revela una profunda brecha de desigualdad, afectando de manera desproporcionada a los más vulnerables. La pobreza energética, la dependencia y las enfermedades crónicas son elementos cruciales que exigen una respuesta política integral y estructural para proteger a las comunidades.
En el mes de julio de 2026, la península Ibérica ha sido golpeada por intensas olas de calor, elevando el riesgo sanitario a niveles críticos. La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) ha emitido una alarma, enfatizando que la susceptibilidad a los efectos adversos del calor no se limita a factores biológicos individuales, sino que está intrínsecamente ligada a las circunstancias socioeconómicas, habitacionales y laborales de las personas. Este verano, se han contabilizado más de 1.500 decesos atribuibles al calor, según el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), siguiendo la preocupante tendencia del año anterior, que registró 3.235 muertes por causas térmicas, con un 87% concentrado en los meses estivales.
Los grupos más afectados incluyen a mujeres de edad avanzada que viven solas, personas en situación de dependencia y familias con recursos económicos limitados. La Dra. Sandra Robles, coordinadora del Grupo de Trabajo de Inequidades en Salud de la semFYC, subraya que las condiciones de vida y trabajo son determinantes fundamentales. La pobreza energética emerge como un factor central, donde entre el 17% y el 33% de los hogares españoles enfrentan gastos energéticos desproporcionados. Esta situación obliga a las familias a restringir el uso de climatización y ventilación, lo que incrementa el riesgo de deshidratación, síncopes por calor y complicaciones de enfermedades preexistentes.
El análisis revela una doble dimensión de vulnerabilidad. Por un lado, una vertiente sociosanitaria que incluye a los extremos de edad (mayores y menores de cuatro años), pacientes con patologías crónicas como insuficiencia renal, afecciones cardiovasculares, diabetes, demencias, EPOC u obesidad, y personas con dependencia funcional. Por otro lado, una dimensión socioeconómica y habitacional, que afecta a desempleados, migrantes y aquellos que residen en viviendas antiguas con baja eficiencia térmica. Además, se observa una marcada brecha de género, con un impacto más severo en mujeres mayores solas y núcleos familiares monoparentales. Las altas temperaturas también contribuyen al aumento de accidentes laborales, de tráfico, ahogamientos e intoxicaciones alimentarias.
La Atención Primaria juega un papel crucial en la primera línea de defensa, identificando a los pacientes de alto riesgo, ajustando tratamientos farmacológicos y realizando visitas domiciliarias. Sin embargo, la semFYC insiste en que las intervenciones asistenciales son insuficientes sin una transformación estructural. Se necesitan políticas que mejoren las condiciones laborales, reduzcan las emisiones contaminantes, revisen los precios del mercado eléctrico, impulsen la rehabilitación bioclimática de las viviendas y promuevan una planificación urbana sostenible y equitativa.
La actual crisis climática y sus repercusiones en la salud pública nos obligan a una reflexión profunda sobre las desigualdades inherentes en nuestra sociedad. La conexión entre el cambio climático y la vulnerabilidad social es innegable, y este informe de la semFYC lo demuestra con crudeza. Es un llamado urgente a los líderes políticos y a la sociedad en general para reconocer que la salud no es solo una cuestión de biología individual, sino un resultado directo de las condiciones sociales y económicas en las que vivimos. Abordar las olas de calor de manera efectiva requiere ir más allá de las medidas paliativas y enfocarse en soluciones estructurales que garanticen la equidad y la protección de todos, especialmente de aquellos que, por su edad, estado de salud o situación económica, son los más susceptibles a sus devastadores efectos. La acción preventiva y la inversión en resiliencia social son imperativas para construir un futuro más justo y saludable para todos.