La organización, a través de su vicepresidenta Mar Ugarte, celebra la asignación de mayores recursos al sector de la dependencia. No obstante, recalca que las medidas actuales no logran resolver las profundas necesidades de un sistema en constante crecimiento. Ugarte insiste en que las soluciones parciales no pueden sostener la atención a la dependencia, que requiere una visión integral y a largo plazo.
El incremento de la financiación estatal, que alcanzará los 5.513 millones de euros para 2026, si bien es significativo, es percibido por el CEDDD como una medida con impacto limitado si no se enmarca en una planificación estratégica y sostenida. La entidad advierte que la demanda de cuidados está en ascenso debido al envejecimiento poblacional y la llegada de la generación del baby boom, lo que, sumado al aumento de los costos y la complejidad de los servicios, podría absorber rápidamente el presupuesto adicional.
Frente a este escenario, el CEDDD insiste en la importancia de un compromiso político firme que eleve la inversión en dependencia al 2% del PIB. Esta cifra busca alinear a España con los países europeos líderes en la provisión de cuidados de larga duración, garantizando una financiación estable y adecuada para un pilar fundamental del Estado del bienestar.
El Consejo insta a todas las administraciones a que el aumento de fondos se traduzca en una mejora efectiva del sistema, evitando que se diluya en reajustes presupuestarios. Se pide a las comunidades autónomas mantener y reforzar su contribución para asegurar que cada euro adicional se refleje en más servicios, más plazas y mejores condiciones laborales para los profesionales del sector.
El CEDDD aboga por un modelo de atención que priorice los derechos, la dignidad y la autonomía personal, distanciándose de esquemas que sobrecarguen a las familias, especialmente a las mujeres. Se hace hincapié en la urgencia de avanzar hacia un sistema basado en servicios profesionales, accesibles y de calidad.
Para lograr una transformación estructural, el CEDDD propone varias acciones clave: la actualización de precios y mecanismos de financiación, la mejora de las condiciones laborales, el refuerzo de las plantillas profesionales, el desarrollo de una coordinación sociosanitaria eficiente y la reducción de las desigualdades territoriales.
Finalmente, el Consejo reitera la imperiosa necesidad de un Pacto de Estado por la Dependencia. Este acuerdo permitiría dotar al sistema de la estabilidad, previsibilidad y suficiencia financiera a largo plazo que merece, asegurando que los cuidados dignos no dependan de ciclos políticos, sino que sean una inversión estratégica para la cohesión social y el desarrollo económico del país.