La SEN insta a reconsiderar la no financiación pública de fármacos para el Alzheimer

La Sociedad Española de Neurología (SEN) ha levantado la voz enérgicamente contra la determinación de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, la cual ha optado por no incluir en la cobertura pública los tratamientos lecanemab y donanemab, destinados a combatir el Alzheimer en sus fases iniciales. Esta postura, según la organización, no solo implica consecuencias clínicas significativas para quienes podrían beneficiarse de un retraso en la progresión de la enfermedad, sino que también plantea serias cuestiones éticas y sociales, al limitar el acceso a estos fármacos exclusivamente al ámbito privado y generar disparidades basadas en la capacidad económica de los pacientes.

La Sociedad Española de Neurología (SEN) urge a la Ministra de Sanidad a reconsiderar la exclusión de fármacos para el Alzheimer de la financiación pública, destacando el impacto en la equidad sanitaria y la modernización asistencial.

En el mes de agosto de 2026, la Sociedad Española de Neurología (SEN) hizo pública su disconformidad con una controvertida resolución. La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos decidió no incluir en la financiación pública a los fármacos lecanemab y donanemab, medicamentos aprobados para el tratamiento de las fases iniciales de la enfermedad de Alzheimer. Esta medida restringe su acceso únicamente a la esfera privada, generando inquietud entre la comunidad médica.

La SEN subraya que estos fármacos han recibido la luz verde para su comercialización en la Unión Europea, avalados por la rigurosa evaluación de su eficacia y seguridad por parte de la Agencia Europea del Medicamento (EMA). Además, otras agencias reguladoras internacionales, como la de Estados Unidos, donde estos tratamientos se utilizan desde hace aproximadamente tres años, también respaldan su perfil positivo, con datos que confirman tanto su seguridad como la satisfacción de los pacientes en la práctica clínica habitual.

El Dr. Jesús Porta-Etessam, Presidente de la SEN, y la Dra. Raquel Sánchez-Valle, Coordinadora del Grupo de Conducta y Demencias, han manifestado conjuntamente que esta decisión acarrea importantes implicaciones. No solo deniega un tratamiento validado por la EMA a pacientes que podrían ver frenada la progresión de su enfermedad, sino que también introduce una barrera económica que socava el principio de equidad del Sistema Nacional de Salud (SNS). Esta situación crea diferencias inaceptables en función de los recursos económicos de los pacientes y sus familias, contradiciendo los pilares de universalidad y cohesión del sistema sanitario español. Asimismo, coloca a los profesionales del SNS ante un dilema ético al tener que recomendar tratamientos que no están cubiertos.

Cabe destacar que el Grupo de Estudio de Conducta y Demencias de la SEN publicó recientemente un documento de consenso sobre el uso apropiado de estos fármacos en España, proporcionando recomendaciones para su implementación en la práctica clínica. La SEN argumenta que la incorporación ordenada de estas terapias impulsaría la mejora de los circuitos diagnósticos y las redes asistenciales especializadas, beneficiando no solo a los pacientes directamente tratados, sino a todos aquellos con sospecha o afectados por deterioro cognitivo, tal como ha sucedido en las últimas décadas con los avances en el tratamiento del ictus, la esclerosis múltiple o la migraña.

Según la SEN, la exclusión de estas terapias del SNS frena el avance y la modernización de la atención pública a la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, así como la formación de los profesionales y la investigación en este campo. Por ello, la sociedad científica ha instado a la Dra. Mónica García, Ministra de Sanidad, al Sr. Javier Padilla, Secretario de Estado de Sanidad y presidente de la CIPM, y a los representantes de las Comunidades Autónomas a reconsiderar esta resolución.

La SEN ha expresado su plena disposición a colaborar con las autoridades sanitarias, las comunidades autónomas y las asociaciones de pacientes para diseñar circuitos asistenciales que sean seguros, eficientes y sostenibles. La enfermedad de Alzheimer representa un desafío sanitario y social de primera magnitud en España, que va más allá del ámbito individual. Abordarlo eficazmente como sociedad requiere de decisiones innovadoras que estén en línea con la evidencia científica y el principio de equidad.

La decisión de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos de no financiar públicamente los fármacos lecanemab y donanemab para el Alzheimer ha encendido un debate crucial sobre la equidad y el acceso a la atención sanitaria. Desde la perspectiva de un observador, esta situación no solo resalta la tensión entre la innovación médica y las limitaciones presupuestarias, sino que también pone de manifiesto la necesidad imperante de un sistema de salud que garantice la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. Es fundamental que las autoridades reconsideren su postura, buscando soluciones que permitan integrar los avances científicos en el ámbito público, evitando así que el progreso médico se convierta en un privilegio y no en un derecho universal.